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ARVIN, Calif. — Una calurosa tarde de julio, se escucha el ruidoso sube y baja de una bomba oxidada que succiona petróleo alquitranado en el medio del barrio residencial de Arvin, una comunidad muy unida de trabajadores agrícolas, en el corazón de la región petrolera de California.
Para alguien que viene de afuera, es perturbante ver una bomba de varilla a apenas 25 pies de la casa de alguien. Pero para Yesinia Martínez, la torre de perforación desvencijada que se encuentra justo frente a la ventana de su dormitorio es algo que siempre estuvo ahí.
Y ella siempre ha tenido problemas de salud.
Cada día es un desafío. “Me despierto y no tengo energía para levantarme”, dijo. “Tengo dolores de cabeza muy seguido. Tengo muy mala memoria”.
Martínez encarna el fracaso de California de no poder proteger a sus residentes de la dura realidad de vivir cerca de la extracción de combustibles fósiles. Las operaciones de petróleo y gas se han asociado con una lista creciente de consecuencias graves para la salud, desde defectos de nacimiento hasta cáncer, mientras que las aguas residuales que produce la industria contaminan las reservas de agua naturales cada vez más escasas del estado. Al mismo tiempo, organismos de control ambiental equipados con cámaras de última generación detectan de forma habitual sustancias tóxicas que emiten los pozos de petróleo y gas y los tanques de almacenamiento, demostrando el fracaso de los funcionarios estatales y regionales en mantener a las comunidades seguras.
Martínez está entre las personas que han pagado el precio de ese fracaso con su salud. Cuando era niña, perdió la cuenta de cuántas veces se despertaba con la sensación de algo húmedo en la cara y descubría que le sangraba la nariz. Por mucho tiempo ha tenido molestias estomacales y episodios de anemia. Ahora tiene 21 años y ya no le sangra la nariz, pero sufre de sequedad en los ojos y dolores de cabeza, fatiga y problemas de memoria que hicieron que estudiar fuera aún más difícil cuando su universidad pasó al aprendizaje virtual durante la pandemia. Ha tenido consultas con especialistas desde el otoño pasado, cuando empeoraron sus síntomas estomacales y mareos.
Sus médicos sospechan que tiene un trastorno autoinmune, pero no están dispuestos a recetarle ningún medicamento hasta que se establezca un diagnóstico.
“Es agobiante, porque sigo yendo a citas médicas desde que era más chica y no pueden decirme qué tengo”, dijo Martínez. “Pero sé que no estoy bien porque si no, no me sentiría así todos los días”.
Más de 2 millones de californianos, la mayoría poblaciones pobres de gente de color, incluyendo latinos, viven a menos de una milla de un pozo de petróleo o gas activo. Personas que viven cerca de pozos petrolíferos en otros estados han reportado síntomas iguales a los que Martínez ha padecido la mayor parte de su vida, incluyendo irritación en la nariz, ojos, y garganta, fuertes dolores de cabeza, fatiga y anemia.
Es sorprendente que no haya habido más investigación sobre los riesgos de vivir cerca de operaciones de petróleo y gas, dijo David González, epidemiólogo en la Universidad de California, Berkeley. “Sobre todo en California, donde millones viven cerca de pozos petrolíferos”.
González sospecha que esto tiene que ver en parte con quienes se ven afectados. “Estamos observando que las personas de color están desproporcionadamente expuestas a los pozos de petróleo y gas y han sufrido de manera desproporcionada”, dijo. “Y sabemos que estos grupos históricamente han sido marginados y no se han tomado en serio sus problemas”.
En Arvin, el agua potable estuvo contaminada durante tanto tiempo con niveles altos de arsénico — un elemento natural que aparece en el agua subterránea, pero que también es un residuo de la producción de petróleo — que la mayoría de la gente no la bebe, aún después de que finalmente cumplió con estándares de sanidad en otoño del año pasado. La madre de Martínez, por su parte, no confía en que el agua sea potable. El hecho de que las autoridades permitan que haya un pozo de petróleo contaminante al lado de su casa ha debilitado su confianza en las promesas de los reguladores oficiales.
Los reguladores de la Junta de Aguas de Central Valley admitieron, en un aviso de 2017 a los operadores petroleros, que las aguas residuales de las compañías petroleras pueden contener contaminantes, “especialmente arsénico,” que exceden los estándares de sanidad, al tiempo que afirmaron que la contaminación del agua subterránea con arsénico era “poco probable”.
Sin embargo, estudios demuestran que la práctica habitual de la industria petrolera de desechar el agua residual, también llamada agua producida, dentro de pozos sin revestimiento resulta en la contaminación del agua subterránea, causando “profundos cambios geoquímicos” en ella, dijo Dominic DiGiulio, investigador científico sénior en la organización sin fines de lucro Médicos, Científicos e Ingenieros (PSE) Para la Energía Saludable.
Cuando el agua producida, en la mayoría de los casos salada, se filtra bajo tierra, dijo DiGiulio, puede liberar arsénico en los sedimentos, contaminando de forma indirecta el agua subterránea con arsénico.
La contaminación del agua subterránea de Arvin tendría “impactos devastadores en la economía local y en los suministros de agua”, señaló el Concejo Municipal en 2018, cuando revisó su reglamento de petróleo y gas de la década de 1960.
En otoño del año pasado, el gobernador Gavin Newsom anunció que los reguladores estatales de petróleo y gas habían emitido pautas preliminares “basadas en la ciencia” para prohibir nuevos pozos de petróleo dentro de los 3.200 pies de distancia de viviendas, escuelas, clínicas y otros lugares sensibles. “Nuestra dependencia de los combustibles fósiles ha resultado en más niños con asma, más bebés con defectos de nacimiento y más comunidades expuestas a sustancias tóxicas y peligrosas”, dijo Newsom.
A principios de este mes, Newsom reiteró su compromiso de proteger a las comunidades de los “impactos nocivos de la industria petrolera”. Pero han pasado tres años desde que el gobernador ordenó a la División de Administración de Energía Ecológica de California (CalGEM), que regula el petróleo y el gas, a proteger la salud de las comunidades que viven cerca de estas operaciones, y sus promesas aún no se han cumplido. Un portavoz de la agencia confirmó que la “zona de amortiguamiento” todavía no se ha implementado, pero no respondió a la pregunta de por qué está tardando tanto.
Muchos de los pozos de petróleo y gas en estas comunidades son pozos viejos y de baja producción que presentan riesgos graves tanto para el medio ambiente como para la salud. Estos pozos de baja producción, informaron investigadores en Nature Communications en abril, representan una fuente desproporcionada de emisiones del supercontaminante climático metano, además de compuestos orgánicos volátiles tóxicos como el benceno y el xileno.
Los compuestos orgánicos volátiles contribuyen al ozono y al material particulado, que mata a más de 50.000 personas por año en Estados Unidos. La extracción y refinación del petróleo hacen que Bakersfield, la sede del gobierno del condado de Kern, esté entre los que tienen los más altos niveles de ozono y contaminación por partículas del país, de acuerdo con un informe de la Asociación Americana del Pulmón.
Hasta hace poco, por culpa de conflictos entre los reglamentos estatales y regionales, estaba permitido que las operaciones de baja producción — como la que se encuentra detrás de la casa de Martínez — emitan estas sustancias peligrosas. Los contaminantes del aire se han vinculado con un mayor riesgo de cáncer, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, defectos de nacimiento y problemas cognitivos y de conducta en los niños.
Cada vez hay más evidencia que respalda que los pozos de petróleo y gas presentan graves riesgos para los niños. En Pensilvania, niños que vivían dentro de 1,2 millas de un pozo al nacer tenían entre dos y tres veces más probabilidades de desarrollar leucemia a los 7 años, según un estudio reciente de investigadores de la Universidad de Yale publicado en Environmental Health Perspectives. Estos pozos fueron fracturados hidráulicamente, un proceso llamado “fracking” que implica inyectar sustancias a alta presión para extraer combustibles fósiles. Pero tanto los pozos fracturados hidráulicamente como las operaciones tradicionales utilizan y liberan químicos tóxicos y emisiones parecidos, y ambos generan grandes cantidades de agua producida mezclada con sustancias químicas tóxicas.
El primer estudio a gran escala hecho en California, publicado en Environmental Health Perspectives en 2020, encontró que las mujeres embarazadas que vivían más cerca de pozos de petróleo y gas activos enfrentaban un mayor riesgo de tener un bebé con bajo peso al nacer. Pronto lo siguió un segundo estudio, dirigido por González de la Universidad de California, Berkeley y publicado en Environmental Epidemiology, que identificó un mayor riesgo de parto prematuro entre las mujeres que vivían más cerca de pozos productores en los condados de San Joaquin Valley, incluyendo Kern.
Los niños que nacen prematuros, pequeños o con bajo peso pueden sufrir complicaciones de salud de por vida, entre ellas deficiencias pulmonares, cardíacas y neurológicas, y problemas de memoria y atención.
Ninguno de los médicos que atendieron a Martínez relacionaron su larga lista de achaques con la bomba de petróleo instalada en su jardín, ni con la cantidad de pozos en el pueblo y en sus alrededores que contribuyen a que el aire en Arvin sea de los peores del país.
Martínez se enteró por primera vez de los estudios que vinculan sus problemas de salud con la extracción de combustibles fósiles a principios de julio, cuando el organizador comunitario César Aguirre visitó la casa que ella comparte con sus padres y su hermano.
Aguirre, un activista de la Red de Justicia Ambiental de California Central (CCEJN), ha ayudado a Martínez y su familia a lidiar con la torre de perforación petrolífera detrás de su casa desde que Yesinia tenía 16 años. El dispositivo desata vibraciones tan poderosas que vuelcan los platos de cerámica, hacen que las fotos familiares se estrellen contra el piso, y mantienen despiertos a los padres de Martínez aún cuando están muertos de cansancio después de un largo día de trabajar en el campo.
En julio, Aguirre le dijo a Martínez que las muestras de aire que CCEJN tomó cerca de los pozos en Arvin hace algunos años contenían los compuestos orgánicos volátiles benceno, xileno y formaldehído. Luego le contó todos los problemas de salud que han sido vinculados con estos compuestos en distintos estudios: sangrados nasales, dolores de cabeza, fatiga, mareos, pérdida de la memoria.
“¿Algo de esto te suena familiar?”
“La mayoría de los síntomas que acabas de nombrar”, contestó Martínez con un suspiro. “Día tras día.”
El condado de Kern se beneficia de algunas de las tierras agrícolas más fértiles de California y de una industria de combustibles fósiles que aporta decenas de millones en ingresos fiscales por año. Pero tales riquezas han pasado por alto en gran parte a quienes viven a la sombra de las principales industrias del condado de Kern.
La pequeña ciudad de Fuller Acres, a unas 12 millas al norte de Arvin, está enfrente de la refinería de petróleo Kern Oil & Refining, pero alrededor de la mitad de los aproximadamente 600 habitantes de la ciudad viven en la pobreza. María Villa ha vivido casi 50 de sus 72 años a menos de una milla de la refinería, que en 2019 acordó pagarle $500.000 por violar leyes federales que requieren que estas compañías monitoreen e informen emisiones de sustancias toxicas. Villa dijo que el gas que huele todos los días le produce malestares estomacales.
En Arvin, donde el 94 por ciento de los habitantes son latinos, las tasas de desempleo y pobreza casi duplican el promedio estatal. Por esta razón, familias como los Martínez no tienen acceso a atención médica de calidad y son más vulnerables a una abrumadora serie de peligros ambientales.
Los pesticidas que se rocían sobre las almendras y las uvas que bordean la ciudad llegan hasta las casas y se mezclan con las emisiones de los pozos y los gases de los escapes de los autos de la autopista cercana, cubriendo el valle en una neblina perpetua y turbia.
Para empeorar las cosas, la mayoría de las compañías petroleras cerca de Arvin realizan operaciones de bajo volumen que durante años cayeron por debajo del umbral de las regulaciones sobre el aire, con un promedio de menos de 6000 barriles de petróleo crudo en todo el condado, o tanques que reciben menos de 50 barriles por día. La plataforma petrolera detrás de la casa de Martínez apenas ha extraído 200 barriles desde enero.
Estos “pequeños productores” estuvieron por mucho tiempo exentos de las reglas del Distrito del Aire de San Joaquin Valley, bajo la suposición de que no tienen fugas suficientes como para justificar la supervisión. Eso debería haber cambiado en 2017, cuando los funcionarios de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) redujeron el límite permitido de emisiones de metano, cuya capacidad de calentamiento es 86 veces mayor que la del dióxido de carbono.
Pero defensores ambientales y comunidades dicen que el distrito tardó unos años en descubrir cómo implementar las reglas estatales.
Era el final de la tarde pero todavía hacía un calor brutal cuando Aguirre fue a inspeccionar un pozo de petróleo a menos de 200 pies de Grow Academy, una escuela primaria en el extremo norte de la ciudad. “Este sitio de extracción casi siempre está activo”, dijo. “Y cuando lo está, es muy ruidoso y produce emisiones”.
Aguirre y sus colegas han recibido numerosas quejas de parte de los Martínez y otros residentes de Arvin sobre los fuertes olores y el ruido proveniente de los pozos cercanos. Estudios vinculan el ruido no deseado con varios problemas de salud relacionados al estrés, incluyendo la interrupción del sueño, las migrañas y las enfermedades cardíacas.
Hace cinco años, Aguirre estaba instalando un sensor de calidad del aire en el techo de la familia Martínez cuando empezó a sentir que la casa temblaba. Supuso que era el aire acondicionado hasta que el padre de Yesinia, Emmanuel, le contó lo que realmente sucedía.
“La bomba literalmente hacía vibrar la parte de arriba de la casa”, recordó Aguirre.
El sensor de aire detectó grandes picos de compuestos orgánicos volátiles dañinos, que parecían provenir del pozo y del tanque de almacenamiento de petróleo detrás de la casa de los Martínez.
Aguirre le dijo a la familia que gracias al sensor de aire en su techo, podía decirles a las autoridades: “Oigan, el aire en Arvin es de los más contaminados de todo el estado”.
CCEJN reunió más pruebas de la contaminación causada por los pozos residenciales gracias a su asociación con Earthworks, una organización ambiental sin fines de lucro. Earthworks utiliza cámaras especializadas que muestran fugas de petróleo y gas que el ojo humano no llega a detectar, para así documentar la contaminación y movilizar medidas reglamentarias.
Earthworks filmó varias fugas del pozo y el tanque detrás de la casa de la familia Martínez, entre 2017 y 2020, con cámaras de visualización óptica de imágenes de gas (OGI, por sus siglas en inglés) de última generación. Estos videos confirieron una prueba científica de lo que ya todos en esa zona sabían: los malos olores provenían de pozos y tanques que estaban liberando gases dañinos.
“Sabemos que estas comunidades han estado sufriendo por las emisiones descontroladas de las operaciones de gas y petróleo”, dijo Kyle Ferrar, un experto en salud pública de la organización sin fines de lucro FracTracker Alliance, que colabora con Earthworks como operador certificado de las cámaras.
Los componentes de estas emisiones están bien documentados, dijo Ferrar, mientras recitaba la lista: metano, hidrocarburos, etano, propano, hidrocarburos de cadena corta y compuestos orgánicos volátiles.
“Tienen muchas consecuencias en la salud que han estado preocupando a estas comunidades por mucho tiempo”, dijo. “Erupciones, sangrados nasales, dolores de cabeza, cáncer”.
Ferrar ha detectado nubes de metano y compuestos orgánicos dañinos que escapan de varios pozos, en Arvin y sus alrededores. Registró fugas del tanque ubicado detrás de la casa de los Martínez que se dirigían hacia un parque infantil cercano y a un complejo de apartamentos, y otra que se desplazaba hacia una escuela primaria mientras los niños jugaban afuera. Ferrar recordó que se sentía mareado y le dolía la cabeza mientras filmaba las emisiones.
Los operadores deben monitorear sus equipos para detectar fugas y presentar informes ante CARB, que regula las emisiones de gases de efecto invernadero. Los pequeños productores que estén exentos de informar a los distritos, dijo un portavoz de CARB, igual tienen que presentar informes de fugas y reparaciones anualmente. Pero CARB delega la autoridad de hacer cumplir las reglas de emisión de metano a los distritos de aire locales.
Earthworks presentó varias quejas formales ante el Distrito del Aire de San Joaquin Valley para controlar las fugas, que provienen de la infraestructura de los pozos y la ventilación de tanques. En ese momento, los funcionarios dijeron que no podían hacer nada porque las fugas eran muy pequeñas.
Un portavoz del Distrito de Aire no respondió directamente a las preguntas sobre qué están haciendo para monitorear las fugas de los pequeños productores, pero dijo que se compraron equipos de detección de última generación para identificar fugas durante las inspecciones e investigaciones de reclamos.
El distrito responde a más de 3000 quejas de la comunidad al año, dijo el portavoz, “y otorga la mayor prioridad a responder lo más rápido posible”.
Los reguladores estatales y regionales se enfocan en las fugas reportadas anualmente por los propios operadores. Mientras tanto, Ferrar sigue encontrando fugas, tan recientes como de principios de agosto.
De pie junto a la cerca del patio trasero de la familia Martínez, Aguirre hizo un ademán hacia la casa, una clínica al otro lado de la cerca, el complejo de apartamentos y el parque infantil a donde se dirigía el humo que Ferrar había filmado. La propuesta del estado de una “zona de amortiguamiento” de 3200 pies iba a proteger estos sitios, conocidos como “receptores sensibles” porque están habitados por niños, pacientes y otras personas que son particularmente vulnerables a sustancias tóxicas.
“Justo ahí hay un ejemplo de casi todos los receptores sensibles que existen”, dijo Aguirre. “Y el problema sigue siendo el mismo: regulaciones que permiten más exenciones que aplicaciones de la ley”.
Earthworks utiliza cámaras especializadas para revelar gases invisibles a simple vista, y detectó metano y emisiones tóxicas del Simpson muy por detrás de la casa de los Martínez siete veces entre 2017 y 2020.
Durante años, las exenciones locales permitieron fugas de Sun Mountain, la compañía que opera el equipo detrás de la casa de los Martínez, aún cuando Yesinia Martínez y su madre, María, sufrían dolores de cabeza, mareos y otros problemas de salud.
Earthworks detectó humos nocivos viniendo del sitio de extracción de Sun Mountain, conocido como el pozo Simpson, al menos dos años antes de que el distrito del aire finalmente ordenara al operador que lo arregle. Pero Sun Mountain no logró controlar las emisiones y el año pasado vendió el sitio a otro operador, Sequoia Exploration.
El dueño anterior de Sequoia Exploration vendió la compañía en 2020, pero ahora la empresa no cuenta con información de contacto pública ni un sitio web. La dirección comercial que figura en los documentos estatales de Sequoia pertenece a una casa de cuatro habitaciones con paneles solares y una piscina en un desarrollo residencial en Bakersfield.
Timothy Smale, dueño de Sequoia hasta 2020, se negó a compartir el contacto del nuevo propietario. Smale dijo que las fugas eran “bastante benignas, dentro de todo”.
Y de todas maneras, la gente no debería preocuparse por las filtraciones, dijo Smale, sino por el hecho de que el estado está empujando a la industria petrolera fuera del negocio. “Y pronto no habrá más petróleo ni gas en California. Y eso será malo para todos”.
El pozo Simpson se convirtió en un símbolo del fracaso de las autoridades ante las fugas de los pequeños productores, dijo Nadia Steinzor, una analista independiente de política ambiental que estuvo más de una década en Earthworks, investigando fugas de petróleo y gas en todo el país.
En 2020, CARB comenzó a exigir a los operadores que reparen fugas tan pequeñas como las de 1000 partes por millón.
CARB ha estado diciendo durante años que estos tanques de almacenamiento de bajo volumen no tienen muchas fugas o que las fugas son pequeñas, dijo Steinzor. Ahora están exigiendo que se reparen incluso las pequeñas fugas de metano bajo la nueva regla.
“Pero, ¿qué están haciendo para asegurarse de que esto realmente se implemente? ¿Los operadores están encontrando y reparando fugas más que antes?” se preguntó Steinzor. “¿O los residentes de Arvin se siguen quejando de los mismos pozos de los cuales se han quejado durante años?”.
Un funcionario de CARB dijo que la agencia ha delegado la autoridad para realizar inspecciones e implementar las reglas que restringen las emisiones de metano a los distritos de aire. La agencia está trabajando para desarrollar planes que den prioridad a las inspecciones en comunidades que han identificado la necesidad de acciones adicionales, dijo el vocero.
Luego de las quejas sobre el pozo Simpson, en abril de 2019, el Distrito del Aire de San Joaquin Valley identificó una violación de la regulación estatal, dijo el portavoz del distrito, Jaime Holt. Desde que comenzó esta investigación inicial, el distrito ha realizado cuatro inspecciones adicionales y ocho investigaciones de quejas, dijo Holt. Como resultado, el distrito tomó medidas seis veces contra las instalaciones por violar las reglas tanto del distrito como del estado.
Muchos habitantes de Arvin cuentan una historia extraordinariamente parecida. Se mudaron aquí porque les parecía un lugar tranquilo o les recordaba a sus pueblos en México. Luego empezaron a sentir las consecuencias de vivir en un yacimiento petrolero productivo, donde hay una docena de pozos que operan dentro de los límites de la ciudad y otros 70 que la bordean.
Francisco González y su esposa viven cerca de la escuela secundaria Arvin High School, aproximadamente a media milla de un sitio donde Ferrar filmó una enorme fuga en 2018. Se mudaron a Arvin después de vivir en las afueras de Los Ángeles, pensando que sería un buen lugar para jubilarse y agradecidos de dejar atrás el tráfico de la ciudad.
Cuando compraron su casa en 2005, nadie les dijo nada sobre el agua contaminada con arsénico o que el pozo al final de la calle filtraba emisiones tóxicas. “El sistema aquí es que cuanto menos sepa la gente, menos se quejarán”, dijo González.
González pronto descubriría que tenía que preocuparse por mucho más que el agua contaminada. En 2014, un oleoducto subterráneo al otro lado de la calle llenó las casas de sus vecinos con gases inflamables, forzándolos a evacuar. La casa de sus sueños que él y su esposa compraron con los ahorros de toda su vida estaba sobre un barril de pólvora.
“Eso me abrió los ojos”, dijo González, parado al lado de su patio delantero meticulosamente cuidado, luciendo una gorra de béisbol bordada con la palabra “Los Ángeles” que protegía su rostro del sol de la tarde.
Durante los más de ocho meses que las fugas mantuvieron a sus vecinos fuera de sus casas, González sufrió sangrados nasales cada vez más graves. Ahora siente presión en el pecho y tanto él como su esposa tienen problemas para respirar. Su esposa sale a la calle solo el tiempo suficiente para cuidar su jardín.
González y su esposa podrían haber muerto si una de las casas de sus vecinos hubiera explotado, dijo, pero nunca nadie de la ciudad ni del condado vino a informarles sobre lo que estaba pasando. “No me siento seguro, y no sé cuánto tiempo pasará hasta que me sienta seguro”, dijo.
Entonces decidió hacer algo al respecto. Muchas personas en Arvin son trabajadores agrícolas que se sienten impotentes, dijo González. Pero él, que tenía 26 años cuando conoció los secretos de la electricidad y ahora se dedica a la reparación de cableados como un profesional, cree que hay que autoempoderarse. Resolvió representar a sus vecinos, cuyos hijos vivían, jugaban y asistían a la escuela cerca de los pozos petroleros que emitían gases tóxicos.
González se hizo voluntario de CCEJN, y desplegó una especie de “brigada” de científicos locales para recolectar químicos tóxicos en el aire con dispositivos portátiles cuando los residentes reportaban fugas. Como esa vez que una mujer embarazada se desmayó en frente de la casa de González durante una fuga de gas.
Las muestras de aire tomadas de su casa y analizadas en un laboratorio aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) contenían compuestos dañinos incluyendo metano y benceno cancerígeno. González presentó los resultados al Concejo Municipal de Arvin en una reunión en mayo de 2018, donde explicó que las emisiones tóxicas de los pozos estaban exponiendo a los escolares y residentes a riesgos innecesarios. Instó al consejo a modificar la ordenanza de petróleo y gas de Arvin, que no había sido actualizada en décadas, para exigir una distancia mínima de 300 pies entre nuevos pozos y hogares, escuelas, clínicas y otros lugares sensibles, un año antes de que Newsom ordenara a los funcionarios estatales el desarrollo de nuevas reglas de salud y sanidad.
La industria petrolera trajo gente de todo el estado a Arvin para luchar contra la propuesta, dijo González. Pero la comunidad se movilizó en multitudes y finalmente triunfó, seguramente con la ayuda de una carta de apoyo del ex fiscal general de California, Xavier Becerra, que ahora es Secretario de Salud y Servicios Humanos del gobierno federal.
El concejo municipal actualizó su ordenanza y creó una zona de amortiguamiento de 300 pies dos meses después de la presentación de González.
Para Aguirre de CCEJN, la lucha por esa distancia mínima expuso las fuerzas desiguales que están en juego: las personas de bajos ingresos en comunidades pequeñas como Arvin deben superar las enormes ganancias y los poderosos abogados de la industria petrolera si quieren asegurar su salud.
“Mucha gente no tiene tiempo para pedirle al gobierno que de todos modos haga lo que debe hacer”, dijo Aguirre. “Y es desesperante decir: ‘Oigan, hagan su trabajo, por favor. Mi vida depende de ello’”.
González, por su parte, está orgulloso de la victoria que tuvieron con la distancia mínima de 300 pies, pero dice que no es suficiente. En primer lugar, la regla solo se aplica a pozos nuevos, y además no aborda todos los demás problemas de vivir en una zona petrolera activa.
“Quiero que se lleven estos pozos”, dijo González.
Si eso no es posible, le gustaría mudarse. Pero él y su esposa invirtieron todo lo que tenían en esa casa. ¿Y quién compraría una casa en un vecindario que casi explotó? dijo González. “Ahora estamos atrapados”.
La mayoría de los días, si miras a través del alambrado detrás de la casa de los Martínez verás una sustancia pegajosa negra que brilla en la boca del pozo, mientras que la torre chupa petróleo alquitranado a apenas 20 pies de distancia. Un olor a asfalto suele emanar de la plataforma oxidada, no muy distinta al “olor aceitoso” asociado con las fugas reportadas en los sitios de baja producción. El distrito de aire podría tomar medidas contra el pozo si se presentan quejas. Pero no hay esperanza de que ninguna agencia gubernamental detenga el incesante estruendo de la bomba, que le quita horas de sueño a la madre de Martínez, María, después de un largo día recogiendo uvas en los campos cerca de Arvin.
“Tiene que ir a trabajar después de haber dormido muy poco o nada, porque se levantan a eso de las cuatro o cinco de la mañana”, dijo Martinez. “Apenas se despierta ya se siente mareada”.
Hace unos años, María Martínez solía preguntarle a los trabajadores de la empresa de petróleo, que iban a hacer mantenimiento de la bomba, si podían construir un gran muro de ladrillos como los que se encuentran a lo largo de las autopistas, para bloquear el ruido y el humo. Siempre le contestaban que eso no dependía de ellos, dijo María, todavía luciendo el pañuelo que protege su cara del intenso sol del valle. Si hubiera sabido todos los problemas que la bomba la causaría a ella y a su familia, dijo, nunca habría comprado la casa.
Yesinia Martinez siempre supo que el aire de Arvin no era sano. “Está muy, muy contaminado, y estamos aquí sentados en la contaminación”.
Pero cuando Aguirre le habló sobre las investigaciones que vinculan muchos de sus síntomas con los pozos de petróleo, dijo que eso tocó una fibra muy sensible. “Todo este tiempo había estado pensando que tal vez solo tuve mala suerte y estos problemas de salud son solo porque así es como Dios quería que fuera”.
Ahora sospecha que la fuente de sus problemas está mucho más cerca.
Martínez quiere que los legisladores se preocupen más por lo que las personas de su comunidad, muchas de las cuales trabajan en el campo, tienen que enfrentar.
“Sería bueno que fueran un poco más considerados y que protejan a estos trabajadores, teniendo en cuenta que ellos proporcionan sus frutas y sus verduras”, dijo.
Se dice que es imposible entender algo hasta que lo vives, dijo Martínez. Ella sabe que la mayoría de los legisladores probablemente no van a experimentar el sufrimiento de la gente de Arvin. “Pero al menos podrían intentar ponerse en nuestros zapatos”, dijo, “y ver nuestras luchas”.
This article was translated to Spanish by Valentina Di Liscia. (@dilisciavalen)
Esta nota fue traducida al español por Valentina Di Liscia.